Boletín urgente del Frente Amplio Opositor a
New Gold-Minera San Xavier
A la opinión pública nacional e internacional
El FAO les comparte un artículo de Jesús González Schmal y una nota de La Jornada nacional de hoy sábado escrita por Angélica Enciso, ambas con información sobre el caso Minera San Xavier. También les pedimos su solidaridad para que nos ayuden a denunciar lo que está sucediendo en San Luis Potosí;
New Gold-Minera San Xavier mantiene sus operaciones cotidianas en Cerro de San Pedro; cada día se pierden entre 70 y 80 mil toneladas de territorio y se cianuran 32 millones de litros de agua del acuífero; la montaña de lixiviación crece; etcétera. Todo completamente fuera de la ley y simulando procesos jurídicos. La tardanza de PROFEPA para actuar y hacer valer plenamente las leyes de nuestro país está provocando mayor descomposición social. Por su parte, el gobierno estatal del priísta Fernando Toranzo profundiza su cómplice indiferencia y sube el tono autoritario y represivo de su administración:
Como es de su conocimiento, desde el pasado mes de noviembre del 2009 el abogado de Pro San Luis Ecológico, licenciado Héctor Barri, solicitó oficialmente una audiencia con el gobernador Fernando Toranzo Fernández con el fin de informarlo sobre las ilegalidades de New Gold-Minera San Xavier y la sentencia federal que implicaba el cierre inmediato y definitivo de dicha empresa. Se trataba de coordinar esfuerzos entre la sociedad civil organizada y el gobierno estatal para instrumentar las acciones que permitieran a los ciudadanos acceder a la procuración de la justicia, a lo que, por otra parte, está obligado el gobierno estatal.
Desde entonces, el gobernador Toranzo ha guardado absoluto silencio y se ha negado a cumplir con la obligación que tiene de escuchar las demandas ciudadanas. La misma actitud de rechazo a la ciudadanía la ha mostrado Toranzo Fernández desde que asumió la gubernatura para con múltiples movimientos y organizaciones sociales, las cuales han solicitado audiencia por diversos medios sin ningún resultado positivo.
En este contexto y de cara a la insensible y despótica actitud de Toranzo Fernández, diversos organismos civiles de San Luis Potosí nos encontamos en una situación de riesgo ante la criminalización de nuestras legítimas acciones de protesta, que sólo buscan exigir al gobierno local, por la vía de la movilización pacífica, el estricto apego a la justicia, el fin de la impunidad, de la corrupción y de los abusos del poder.
El caso del encarcelamiento de la licenciada Francisca Reséndiz Lara así lo demuestra:
Tras pedir sin resultados audiencia con Toranzo durante meses, Francisca Reséndiz, en su calidad de secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, decidió instalar un plantón de protesta sindical frente al Palacio de Gobierno de la capital potosina, exigiendo una mesa de diálogo y la reinstalación de 12 agremiados y agremiadas del sindicato que fueron despedidos injustificadamente al inicio de la nueva administración estatal. A lo largo de estas semanas, Reséndiz y sus compañeros recibieron múltiples agresiones por parte de la policía estatal.
El pasado martes primero de junio el gobierno de Toranzo Fernández, mostrando su verdadero rostro, ordenó el encarcelamiento de Francisca Reséndiz, fincándole entre otros cargos el de motín por haber entrado al Palacio de Gobierno para solicitar, por enésima ocasión, audiencia con el gobernador. Fue consignada el miércoles, en medio de vejaciones y maltratos, al penal de La Pila, donde no alcanza fianza por estar acusada de "motín". Reséndiz ha sido además juzgada por Toranzo cuando éste declaró a los medios el jueves, sin proceso de por medio, que se trataba de una delincuente. Les anexamos un enlace a un breve video donde se aprecia el momento de la detención de Francisca Reséndiz. Otras trabajadoras despedidas se mantienen a las afueras de la oficina del gobernador, sentadas en el piso, en espera de que las escuchen. Sólo han recibido golpes, burlas, acoso, misoginia y amenazas.
El FAO informa a la opinión pública que desde el miércoles se encuentra internada en el penal de La Pila una mujer absurdamente acusada de motín, que ha sido estigmatizada por ejercer su labor sindical de forma independiente, activa y pacífica; que ha sido ya juzgada por el gobernador, por diputados y diputadas, y por un sector de la sociedad que se hace eco de lo que expresan algunos medios locales de nulo criterio. Todo esto previo al proceso jurídico. Se trata de un linchamiento ilegal a cualquier forma de protesta y en el contexto de innumerables conflictos provocados por autoridades sumidas en la ineptitud y en la simulación ante la corrupción y la impunidad.
Mientras Calderón y Toranzo hacen estruendosas declaraciones sobre el cumplimiento irrestricto de la ley, ambos gobernantes toleran las descaradas ilegalidades de los verdaderos delincuentes. En el caso del sindicalismo, mientras encarcelan a líderes femeninas de sindicatos independientes, Calderón se mantiene al servicio de Elba Esther Gordillo, imagen contundente de la corrupción;
En el caso de New Gold-Minera San Xavier, Felipe Calderón y la PROFEPA mienten. Esta dependencia asegura que tiene una estrategia legal para hacer efectiva la sentencia que impide la operación de New Gold, y que el gobierno federal está haciendo lo que le corresponde. Miente. Por su parte, el jefe supremo de las hoy tristemente célebres fuerzas armadas, Felipe Calderón Hinojosa, permite que el comandante de la 12a zona militar en San Luis Potosí, el general de brigada DEM Federico A. Reynaldos, le sostenga a Minera San Xavier un ilegal permiso de explosivos mientras organiza una exposición fotográfica en sus cuarteles para que la población "conozca a su ejército". No sólo eso: Calderón protege al exgobernador Marcelo de los Santos Fraga nombrándolo director de la Casa de Moneda de México, ubicada en la capital potosina. Como recordarán, De los Santos Fraga, ahora convertido en un multimillonario, fue uno de los principales orquestadores del tráfico de influencias y corrupción para obtener el ilegal permiso del 2006 para Minera San Xavier ante el gobierno que encabezó Vicente Fox Quesada.
Les pedimos mantenerse atentos frente a esta situación, sobre todo ante la posibilidad de que Francisca Reséndiz sea retenida en el penal de La Pila cuando venza el término constitucional para definir su situación. El video donde se muestra su detención habla por sí mismo, y demuestra que el gobernador Toranzo no tiene idea de lo que puede ser un verdadero motín. Reiteramos: independientemente de la naturaleza laboral del conflicto, lo que no se puede tolerar es que en México una mujer sea encarcelada y acusada de motín por exigir una audiencia con el ejecutivo estatal o con cualquier otra autoridad. El FAO se mantendrá vigilante y solidario con Francisca Reséndiz, y será vigilante también de las acciones de un gobierno estatal completamente desacreditado, que en cualquier momento pretenderá aplastar todas las protestas ciudadanas.
¡Gracias por su solidaridad y comprensión!
¡Libertad inmediata a Francisca Reséndiz!
¡Alto a la criminalización de la protesta social!
¡Alto inmediato a New Gold-Minera San Xavier!
¡Cárcel a los responsables de la destrucción!
kolektivoazul/fao
PD Les anexamos dos carteles con la campaña pro liberación de Francisca Reséndiz,
que les rogamos nos ayuden a difundir
La Jornada Nacional
Minera San Xavier, ejemplo de empresas que burlan resoluciones judiciales, acusan
Impunidad, sello de los delitos contra la legislación ambiental
A pesar de ganar fallos, en la práctica las cosas no cambian, lamenta Observatorio Ciudadano
Crece el riesgo para ecologistas; reporta Cemda la muerte de al menos 5 activistas desde 2008
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Sábado 5 de junio de 2010, p. 32
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra este año en un clima de mayor riesgo para los ecologistas ante la impunidad de empresas que ignoran resoluciones judiciales para continuar sus operaciones, en deterioro de los recursos naturales y en violación sistemática a la política del sector, advierten abogados.
Difícil celebrar este 5 de junio cuando en los recientes meses y semanas se han suscitado situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado en México, como es el caso del asesinato de defensores ambientales en distintas partes del país, así como el de dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), uno de la Comisión Nacional Forestal y un guía en el estado de México, señala Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El 20 de mayo Juan García Xingu, Bernardo Sánchez Venegas, y Valentín Reyes García, acompañados de Isidro Luna Alonso, poblador de Temascaltepec, ingresaron a la comunidad de Albarrán, para investigar posibles daños a los recursos naturales por el vertimiento de químicos, así como por el cambio de uso de suelo, presuntamente a cargo de la compañía canadiense Genco Resources, titular de los derechos de exploración de la mina denominada La Guitarra. Un día después fueron hallados muertos.
Alanís agrega, en entrevista, que sigue sin respetarse el marco legal existente, se violan sistemáticamente instrumentos básicos de política ambiental tales como el ordenamiento ecológico del territorio (OET) y la evaluación del impacto ambiental (EIA).
Se generan más daños, afectaciones y desequilibrios ecológicos. Además la Profepa, autoridad encargada en México de hacer cumplir la ley ambiental, está atada por los diversos intereses del gobierno y por los económicos que no le permiten hacer su trabajo como debería. ¿Dónde esta la legalidad por la que tanto se ha pronunciado el presidente Calderón?
Por su parte, Beatriz Bugeda, abogada y presidenta del Observatorio Ciudadano de vigilancia ambiental, considera que estos hechos desafortunadamente son parte de la historia ambiental del país, estamos frente a lo de siempre: impunidad e ineficacia de la legislación. Indica que existe un marco legal bastante decoroso, en cuanto a contenido, pero no de la eficiencia.
Detalla que el gobierno mexicano ha suscrito todos los acuerdos ambientales internacionales importantes y hay una legislación desarrollada en los pasados 20 años. Sin embargo, nos topamos siempre con el problema de hacerla cumplir. Hay impunidad, hay dificultad para hacer valer la legislación ambiental.
Como ejemplo se refiere al caso de Minera San Xavier, que opera en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, donde los intereses económicos y políticos prevalecen sobre los intereses colectivos y sociales. Para quienes defendemos legalmente el medio ambiente es un reto muy grande, hay herramientas legales a nuestro alcance, pero a pesar de ganar fallos, en la práctica las cosas no cambian.
Empresa ignora fallo
De acuerdo con el Cemda en lo que va de este gobierno han asesinado a varios activistas que combaten contra mineras, como Dante Valdez, en 2008 en Chihuahua; Mariano Abarca, en 2009 en Chiapas; Francisco Quiñónez, en 2006 en Jalisco. También quienes se han opuesto a rellenos sanitarios como Cristóbal Martínez Robles, torturado y secuestrado en 2009 en Morelos; el abogado Fernando Mayén, quien llevaba el caso del relleno de Jilotzingo, estado de México, asesinado en 2008.
Además del caso de la Minera San Xavier, a la cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le canceló el permiso ambiental en noviembre del año pasado y continúa en operación, están, entre otros, los casos de la construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía, zona de recarga de acuíferos, en Morelos, y que se construyó a pesar de argumentaciones científicas en contra, así como la construcción de conjuntos habitacionales en esta entidad, en zonas con escasez de agua.
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