El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), creado por el Congreso debido al empuje de amplios sectores de la sociedad para garantizar el derecho al escrutinio del Gobierno Federal, padece la abierta intervención del Poder Ejecutivo panista: del que se va y, también, del que llega
Fue el comisionado Alonso Aguilar Alvarez de Alba quien detonó el más reciente escándalo al asegurar que personeros del Presidente Vicente Fox y Felipe Calderón -todavía en calidad de candidato presidencial- indujeron la elección de Lujambio, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).
APRO confirmó que los operadores de las maniobra fueron el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y Ramón Muñoz Gutiérrez, consejero presidencial y hoy senador del Partido Acción Nacional (PAN), así como César Nava Vázquez, entonces secretario general adjunto y actual secretario particular de Calderón, de quien Lujambio es amigo y ha sido su asesor político.
Aunque Lujambio no es militante formal del (PAN), como su padre, la relación política y la promoción de las ideas de este partido es pública: hoy lunes presentó, junto con Calderón, el libro El porvenir posible, una recopilación de artículos de Carlos Castillo Peraza, de autoría conjunta con Germán Martínez Cázares, prominente operador del calderonismo, editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).
La intervención del Ejecutivo y del PAN en el IFAI, que lesiona su relativa autonomía frente al Gobierno de Fox -que ha impuesto el ocultamiento a amplia información sensible del sexenio- y el de Calderón, tiene que ver con el proceso de ratificación de los comisionados, caracterizado por la opacidad y el desdén al Senado, que debe intervenir conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Mientras que Aguilar no fue ratificado sin conocer las razones que Fox tuvo para esa determinación, lo que hizo al comisionado ampararse, María Marván Laborde, la primera presidenta del IFAI que concluyó su encargo también el 11 de septiembre, sí logró una nueva designación, aunque el procedimiento seguido la coloca en una situación de debilidad legal y sujeta a impugnación.
Organizaciones sociales han manifestado preocupación por el latente "conflicto de interés" por la designación de Lujambio, pero también por el proceso de nombramiento y ratificación de los comisionados, como lo hicieron en un desplegado publicado el 30 de agosto, cuando exigieron que las razones para ratificar o no a los comisionados "deberán quedar claramente expuestas de cara a la sociedad".
Consumada la ratificación de Marván y la no ratificación de Aguilar, cuyo amparo ha provocado que el IFAI auxilie al Gobierno de Fox en el litigio, varias de esas organizaciones se reunieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 4 de octubre, para evaluar ese episodio y solicitar un encuentro con los comisionados.
"Fue un proceso absolutamente opaco y poco detallado", lamenta Alicia Athié, integrante de Fundar, una de las 20 organizaciones de la sociedad civil que publicaron el desplegado, y considera este procedimiento tan importante como los "conflictos de interés" que pueden presentarse en esa institución.
En la ratificación de Marván ni siquiera intervino el Senado, como lo establece el artículo 35 de la ley y como lo había adelantado el propio vocero presidencial, Rubén Aguilar, porque desde Los Pinos se hizo una interpretación parcial: "Están jugando con esta vaguedad de la ley para no hacer partícipe al Senado, ni siquiera en esta pequeña parte que le toca."
- ¿Hay un retroceso?-Hay peligros que podrían debilitar al IFAI y nosotros, como sociedad civil, estamos por el fortalecimiento de ese instituto. Necesitamos no sólo que avancemos más, sino que no se retroceda con este tipo de cuestiones que puedan debilitar significativamente a esta institución.
Para Ernesto Villanueva, redactor del proyecto de ley como presidente de Libertad de Información México (Limac) -también firmante del desplegado de las 21 organizaciones sociales-, no hay duda: en la ratificación de Marván el Senado debió recibir la propuesta de Fox para emitir un dictamen de "no objeción", como lo establece la ley, y por eso el nombramiento es jurídicamente endeble.
"Si bien es verdad que el presidente tiene la atribución para designar a los comisionados, conforme al artículo 5 transitorio, también lo es que los artículos 34 y 35 establecen el procedimiento a través del cual se perfecciona ese nombramiento. De otro modo carecerían de sentido esos artículos. Se requiere que intervenga el Senado, tanto en el acto de nombramiento como de ratificación."
- Pero ya no ocurrió.- Ya no ocurrió y, por tanto, no se logró el cumplimiento pleno de la ley. Se cumplió con una parte y, por tanto, es un nombramiento cuestionado. En otras palabras, no satisface los requisitos establecidos en la ley y puede ser impugnado.
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El caso Marván
En efecto, la ratificación de Marván ejemplifica la opacidad del Gobierno de Fox: dos días después de que Marván y Aguilar dejaron el cargo, el miércoles 13 de septiembre, el vocero Rubén Aguilar aseguró que Fox enviaría al Senado a los sustitutos, tal como lo dispone el articulo 34 de la ley, que prohíbe la reelección.
"La Presidencia tiene ya los dos nombres de los comisionados que quiere proponer para la ratificación del Senado", dijo Aguilar, quien dijo que se esperaría a seguir el trámite hasta que el juez resolviera sobre el amparo de Aguilar.
Pero la suspensión definitiva que obtuvo Aguilar, y que le permitió seguir en el cargo, cambió las cosas: no sólo se frustró el nombramiento de Jacqueline Peschard, sino que se decidió ya no tomar en cuenta al Senado para la ratificación de Marván.Sólo hasta el 20 de ese mes, Lujambio informó públicamente que dos días antes "tuvo conocimiento" de la ratificación de Marván, quien ese día se presentó a laborar, sin haberle notificado al Senado, como adelantó Aguilar, quien se hace llamar "la voz" de Fox.
Más aún, según el nombramiento firmado por Fox y del cual Apro tiene copia, está fechado el 12 de septiembre, un día antes de que Aguilar aseguró que se enteraría al Senado para ratificarla u objetarla.
La propia Marván reconoce, en entrevista, que la Presidencia de la República le informó de su nombramiento días después de que dejó el cargo, pero que recibió el documento firmado por Fox hasta la mañana del mismo 20 de septiembre, dos días después de que Lujambio "tuvo conocimiento" de la decisión presidencial.
- ¿A qué atribuye que su nombramiento no haya sido propuesto al Senado?- El (artículo) 34 ó 32, por hay (sic), es muy claro y sí habla de que el nombramiento tiene que pasar... vaya, sale de Presidencia y va al Senado. El 5 transitorio establece como una facultad del presidente la ratificación. De alguna manera, como fue la única ratificación en la historia de esta ley, es potestad de Presidencia haber interpretado lo que interpretó, digamos.
- Aunque el 13, el vocero presidencial decía que iban a ser los dos nuevos nombramientos al Senado...- Habrá que preguntarle a él qué fue lo que pasó.Y se deslinda: "En todo caso la actuación de Presidencia es independiente de la actuación del IFAI"
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Subordinación
Pero el oscuro proceso en el nombramiento y ratificación de los consejeros tiene otras repercusiones que, según Athié y Villanueva, minan la imparcialidad y autoridad moral del IFAI, y que de acuerdo con el segundo colocan a la institución en un latente partidismo, como lo padece el Instituto Federal Electoral (IFE), del que Lujambio fue consejero.
A raíz del amparo promovido por Aguilar, quien se mantiene en su cargo, el IFAI decidió, por mayoría del pleno y a propuesta de Lujambio, litigar "como tercero interesado" contra el comisionado con la estructura jurídica de la institución, bajo el pretexto de que el amparo lesiona la "certeza" legal para el proceso de nombramiento y ratificación de los comisionados.
En la sesión del miércoles 11, y con la ausencia de Aguilar, el único de los cuatro comisionados que se opuso rotundamente a que el IFAI le haga el trabajo al Ejecutivo fue Juan Pablo Guerrero Amparán, quien aclaró que esa institución es ajena al litigio, pero sobre todo porque pone en entredicho la autonomía orgánica.
"A pesar que el IFAI tiene la oportunidad de asumir una actitud prudente e imparcial, considero que la intervención menguará la cohesión institucional y el liderazgo del pleno, sin garantía alguna de resultados favorables, y con el riesgo de poner en entredicho la autonomía del Instituto".
Explicó: "Me opongo a la intervención activa del IFAI en el amparo interpuesto por Horacio Aguilar Alvarez de Alba en contra del Ejecutivo Federal al considerar que el juicio no confronta al Instituto con el comisionado Aguilar Alvarez de Alba, sino que versa sobre un asunto en el cual el Instituto no tendría aportación jurídica alguna, pues se refiere al nombramiento y ratificación de los comisionados, cuestión que de conformidad con la ley atañe exclusivamente al presidente de la República y a la Cámara de Senadores (o en su caso la Comisión Permanente).
"La integración del pleno de los cinco comisionados actuales permite al IFAI estar en condiciones de cumplir a cabalidad con sus obligaciones; en este sentido, el Instituto no debe tener un interés contrario al quejoso en el acto reclamado".
Sin embargo, esta argumentación de Guerrero -que quedó inscrita a petición suya en el acta de la sesión- fue desdeñada por los tres comisionados, quienes están enfurecidos por la decisión de Aguilar de promover el amparo y por la una entrevista publicada el 17 de septiembre, en la que revela las maniobras de Fox y Calderón en la designación de Lujambio como presidente del IFAI.
Al respecto, Athié no aprueba la intervención del IFAI en el litigio de Aguilar contra el Ejecutivo: "Lamentablemente por errores de origen, tanto en la ley como en el proceso, y la falta de definiciones, está envuelta en esta nube de incertidumbre que debe resolver. Tiene que tener mucho cuidado en no verse debilitado metiéndose en cuestiones más complicadas. Que exponga sus criterios, pero que su prioridad sea el respeto al derecho de acceso a la información, más allá de intereses particulares que pudiera haber."
A su vez, Villanueva afirma que, en el caso de la ratificación de Marván debió intervenir, "sin duda", el Senado, y tampoco se respetó el espíritu de la ley para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo, como cuando el Senado objetó el nombramiento de Guillermo Velasco Arzac, a quien precisamente sustituyó la comisionada.
"Lo que se hizo cuando trabajamos en la elaboración de la ley es que no se quedara a la libre discreción del titular del Ejecutivo. Si bien no se podía ir más allá, porque se requería una reforma constitucional, lo más que se pudo hacer fue establecer ese formato de no objeción del Senado, con el propósito de generar un equilibrio que garantizara, por un lado, que llegaran los perfiles adecuados y el análisis puntual de los antecedentes, y tener un contrapeso y control político".
Sobre la decisión de la mayoría del pleno del IFAI, con la oposición de Guerrero, de litigar contra Aguilar, Villanueva advierte serios riesgos: "Genera una división interna, encona todavía más las cosas y pone al IFAI en una situación inadecuada, porque vulnera el espíritu del trabajo colegiado. Era innecesario meterse como protagonista en esa batalla que no es suya".
- ¿Le está haciendo el trabajo al Ejecutivo?- Quizá no hace el trabajo, pero sí convalida que efectivamente ese es el espíritu que marque y toma una postura ante un hecho que debió haber mantenido una prudente distancia, no sólo por ser un comisionado, miembro del mismo instituto, sino por la propia naturaleza de las funciones que tiene el IFAI y, sobre todo, de cara a los estados, donde el IFAI es un líder moral de promoción de leyes, y con esto va a generar polémica.
Y advierte: "La institución se va partidizando y podemos caer en el riesgo del IFE: de ser un órgano garante e imparcial, hoy es un órgano que nos ha dado muestra y pruebas claras de una parcialidad a favor de un candidato y en perjuicio de otros, y el propio Tribunal (Electoral) lo ha reconvenido.
Aclara: "Si bien no estamos en un caso como el del IFE, porque todavía el IFAI da alguna batallas importantes a favor de la transparencia, si quieres como coartada, pero estos elementos y esa amistad que pregona de manera pública el comisionado Lujambio, que tiene sus derechos políticos -aunque lo que cuenta es la percepción-, lo ideal en un órgano de esta naturaleza es adoptar una cuestión de imparcialidad. Se es servidor público las 24 horas.
"Esto resta credibilidad, va a generar problemas en dos cosas: en la capacidad de interlocución con los acores políticos del país y, segundo, en la negociación con el Congreso para la negociación presupuestal, y se coloca en una situación que antes no tenía, porque precisamente por esa imparcialidad le daba calidad moral que hoy comienza, por lo menos, a ser cuestionada".
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