QUEBEC /MONTREAL
DESDE MONTREAL, QUEBEC, CANADA
La Coalición Quebec sobre los impactos socio-ambientales de las empresas transnacionales en América Latina condena los asesinatos viles de Bety Cariño de la Red de Afectados por la Minería (REMA,) y Antero Jaakkola, activista de derechos humanos y ambientalistas de Finlandia, ocurridos el pasado 27 de abril en el Estado de Oaxaca, México. La Coalición también denuncia el ataque contra los miembros de la Caravana de la Paz para la misión humanitaria en la región. Un grupo de 15 paramilitares emboscaron la caravana. Este ataque armado es una consecuencia de las condiciones de impunidad para los paramilitares aquí, trabajando en un contexto de violencia institucional contra las diversas formas de lucha social en Oaxaca, específicamente para prevenir el desarrollo del proceso de autonomía en marcha. La caravana era romper el aislamiento en que la comunidad de San Juan Copala, está atrapada. La situación en esta población es crítica. Desde enero, los niños no tienen acceso a la escuela, a la electricidad, al agua potable y el acceso a la atención médica han sido cortadas. San Juan Copala, vio a un acoso permanente de paramilitares y el bloqueo de la carretera de entrada al pueblo.
Bety Cariño fue un activista de derechos humanos desde hace más de 15 años. Fue miembro del equipo de coordinación nacional del REMA y Director del colectivo CACTUS. También participó en la oposición del Frente Amplio a la transnacional minera canadiense New Gold-Minera San Xavier, que sigue las operaciones de la Mina San Xavier, a pesar de existir cinco sentencias obligatorias para detener sus actividades.
Este ataque sigue la tendencia de gobierno represivo estado de Oaxaca. Ulises Ruiz, el actual gobernador, tiene una larga historia de represión y corrupción. Las comunidades y organizaciones indígenas, sindicatos y profesores que se han opuesto a las arbitrariedades del gobernador, han sido violentamente reprimidos, perseguidos y encarcelados. Estrategias de hábil manipulación de la ley han sido presentadas por el gobierno para acusarlos de delitos que nunca cometieron decenas de militantes y todavía están en la cárcel, otros fueron asesinados. La estrategia del terror de Ulises Ruiz ha consistido en la formación de grupos civiles de asesinos que siembran el terror entre las comunidades, sindicatos y organizaciones de la comunidad que denuncian al gobierno bárbaro. Por lo tanto, 63 personas murieron, muchas personas, hombres y mujeres han sido violadas 50 personas estaban desaparecidas y hay 500 órdenes de captura contra militantes por motivos políticos. Una violenta represión se desató contra los representantes de las comunidades indígenas, maestros, mujeres y otros grupos de la realización de una actividad socio-política y pública abierta, obligándolos a la clandestinidad o al exilio desde el Estado federal Oaxaca.
Desde junio de 2009, Ulises Ruiz ha orquestado una campaña de difamación, el acoso y la persecución en contra de la Comisión de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPP-AOPPO) que lucharon contra la instalación de empresas mineras canadienses en el área.
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